En Canarias todos los votos cuentan pero no todos los votos valen lo mismo.

Hablar de Derechos Humanos es hablar necesariamente de democracia: participar en el gobierno, poder acceder y poder expresar la voluntad de cada uno en condiciones de igualdad, con respeto y en libertad, son piezas fundamentales para garantizar más y mejor democracia.

El artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto».

Sin embargo en Canarias, cuando hablamos de democracia, hemos de añadir un matiz: el voto no es igual, porque el 83% de la población elige al 50% de los miembros del Parlamento de Canarias mientras que el otro 17% elige a la otra mitad de los parlamentarios. ¿Es esto justo?

 

 

El foro cívico Demócratas para el Cambio ha estado trabajando desde el 2007 para explicar a la población canaria esta injusticia y para pedir el máximo apoyo para que se produzca un Reforma Electoral en Canarias que permita un trato más igualitario en el valor de los votos.

Hoy nos convocan para que expresemos en la calle nuestro apoyo. ¡Allí estaremos!

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica

 

 

El 15 de enero de 2014 se presentó en el Congreso de los Diputados
la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica.

La exposición de motivos comienza haciéndose eco de lo que ha resonado en las calles de toda España: “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros” y termina con otra: "No hay pan para tanto chorizo"

La situación de crisis originada por las políticas capitalistas y neoliberales ha desencadenando una serie de acontecimientos que nos han conducido a una alarmante situación de desempleo y a la precarización de las condiciones laborales. Estas a su vez han sido la causa de numerosos desahucios motivados por la imposibilidad económica para hacer frente a los pagos de hipotecas o alquileres.

A todo esto se han ido sumando el conjunto de recortes en sanidad, educación, en servicios sociales, en ayudas a la dependencia, el copago sanitario o la privatización se servicios públicos, dando lugar al deterioro en la atención a la salud y la alimentación básica, al aumento de la pobreza infantil y de las enfermedades mentales... Todos estos elementos están abocando a miles de personas a la marginación y la exclusión social.

La Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Española o los Estatutos de Autonomía establecen una serie de derechos sociales básicos, mínimos, elementales, que deben ser garantizados por las administraciones públicas pero que en la realidad no son ejecutados con el argumento de la limitación presupuestaria, cuando de todos es conocido que no ha habido reparo en la financiación a la banca. No es dinero lo que falta, sino voluntad.

Las ayudas no contributivas, las correspondientes a rentas mínimas, la prestación por desempleo, o en Canarias la Prestación Canaria de Inserción, además de su insuficiencia presupuestaria, su burocratización y de la lentitud de su ejecución, no cubren esta situación de emergencia social generalizada dejando en evidencia la dejación de responsabilidad de las administraciones públicas en su responsabilidad.

La Renta Básica es un instrumento viable para alcanzar la erradicación de la pobreza, no es una limosna, ni una prestación asistencial, ni una ayuda graciable o arbitraria. Es un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, para garantizar una vida austera, digna, una herramienta para sacar del riesgo de exclusión a miles de personas y para combatir el miedo y reforzar la participación social.

Renta Básica ¡Ya!



http://ilprentabasica.org/

POR LA JUSTICIA SOCIAL

Desde el partido Por un Mundo más Justo en Canarias nos sumamos al manifiesto elaborado por la Mesa Abierta por la Justicia Social.

 MANIFIESTO DE LA MESA ABIERTA POR LA JUSTICIA SOCIAL

Hoy en Canarias hay miles de personas, mas de 1 de cada 3 residentes, que no tienen recursos para alimentarse, para el pago de la luz, el agua, la vivienda, las medicinas, la educación... personas en condiciones precarias, deteriorándose y empeorando sus condiciones de vida, a las que tendrían que tener derecho.

 

El empobrecimiento no es natural, ni residual, no es culpa de la gente; es extensivo, intensivo, persistente, es cambiable, hay recursos para todos y todas, pero hay desigualdad en el reparto de la riqueza. Canarias ha retrocedido en desigualdad cuatro décadas, dańdose un 25% de aumento en la diferencia entre la riqueza de los mas ricos y la pobreza de las mas pobres. Actualmente hay un 38,2% de la población con tasa de riesgo y exclusión, que significa que 812.425 personas están Bajo el umbral de la pobreza, con Privación material severa y/o con todos los activos en paro. Hay 139.631 personas sin cobrar ningún tipo de prestación.

 

Mientras, se recortan las partidas de inversión publica en Servicios Sociales, en el Gobierno de España y en el de Canarias, teniendo nuestra comunidad el índice mas bajo de dedicación a la garantía de derechos sociales del conjunto del estado.

 

Desde la Mesa Abierta por la Justicia Social planteamos las siguientes alternativas con carácter de urgencia y prioridad:

 

GARANTÍA DE RENTAS BÁSICAS PARA TODAS LAS PERSONAS CON TASA DE RIESGO DE EXCLUSIÓN.

La prioridad es crecer en intensidad y extensión de cobertura protectora: Prestación mensual por encima del umbral de la pobreza y prioridad de atención a colectivos en situación de exclusión severa y moderada. Especialmente atención prioritaria e inmediata a: Colectivo de mujeres, personas sin hogar, migrantes, unidades de convivencia sin ingresos y con hijos/as a su cuidado, desempleadas de larga duración... Reducción del 38% de personas con Tasa de Riesgo de Exclusión al 10%, en un ano y reducción total en el siguiente.

 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

Priorizar los Servicios Sociales en todas las Administraciones de Canarias, a través de un pacto de mínimos de este Sistema Público, con un compromiso de financiación estable y suficiente.

Asegurando que cada Municipio de las islas ofrezca las Prestaciones Básicas, con dotación financiera suficiente e incremento y estabilidad en los equipos de trabajo.

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

Cumplimiento de la ley en todas sus dimensiones. Acabar con los plazos mas largos del Estado y el mayor número de personas en el limbo de la dependencia. Garantizar la tasa de reposición.

Acceso inmediato al derecho, prestación o servicio.

 

AUMENTO DE LAS PARTIDAS ECONÓMICAS PARA LOS SERVICIOS SOCIALES.

Priorizar la inversión social, dedicando mas del 15% del P.I.B. De Canarias para Servicios Sociales.

Implantar formulas de financiación objetivas, estables, justas y adaptadas a las características territoriales de Canarias. Por lo tanto, se debe garantizar la responsabilidad pública en las prestaciones sociales básicas a toda la ciudadanía en situación de necesidad, para lograr la universalización de los derechos sociales, además, al igual que otros sistemas de bienestar social, la financiación debe garantizarse por Ley.

Se tendrá presente en los presupuestos como prioridad la atención urgente a las necesidades básicas de la población, aumentando para ello las partidas de emergencia social, de manera inmediata.

GARANTÍA DE UN HOGAR DIGNO PARA TODAS LAS PERSONAS.

Atención urgente a las personas en situación de sin hogar y aquellas unidades de convivencia con dificultades en el acceso al derecho de la Vivienda.

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE LUCHA POR LA IGUALDAD Y EL REPARTO DE LA RIQUEZA.

Proceso participativo y de trabajo conjunto entre todos l@s agentes sociales y políticos de las islas. Un Plan con un renovado diagnostico, Objetivos, fases, responsables, metodologías, partidas presupuestarias...Buscar un pacto por unanimidad entre todos los agentes sociales y políticos, que supere los periodos electorales y cuente con una financiación estable y suficiente.

 

MESA ABIERTA POR LA JUSTICIA SOCIAL:

Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN-Canarias), Colegio Oficial de Las Palmas,

Red Canaria en Defensa del sistema público de Servicios Sociales(REDESSCAN), Stop Desahucios,

Red Feminista de G.C., ATACC, CC.OO., UGT, COBAS, Convergencia Sindical Canaria.

En Canarias a 22 de Julio de 2013

 

 

Por Un Mundo Mas Justo (M+J) impulsa la mesa Estatal pro Referendum de las Pensiones

La iniciativa cuenta con el apoyo inicial de movimientos sindicales como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), organizaciones como la Asociación Planeta Verde, la Asociación de Vecinos Sural de Alcorcón, la red de Ateneos Culturales Madrid XXI, ó los partidos Por Un Mundo más Justo (M+J) , Los Verdes-Grupo Verde (LV–GV), Partido de los Pensionistas en Acción (PDPEA), Partido Pirata y Piratas de Madrid  y Unificación Comunista de España (UCE). Ha dado también su apoyo al acto Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's).

A través de una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones.

Mediante esta plataforma, todas las organizaciones sociales, pretendemos impulsar como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de los pensionistas. Evitando que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a los pensionistas.

Reclamamos que se abra un amplio debate social para que la ciudadanía pueda decidir democráticamente sobre una cuestión que afecta decisivamente a nuestro futuro, a través de un referéndum vinculante.

Llamamos a toda la ciudadanía a unirse en la defensa del actual sistema público de pensiones, a participar en la extensión de la campaña a todas las localidades y territorios, y a colaborar en las sucesivas etapas de recogida y presentación pública de cientos de miles de firmas.

Durante los últimos tres años, hemos sufrido innumerables recortes y ajustes que nos han conducido a un notable empeoramiento de nuestras condiciones de vida. Pero tocar las pensiones es cruzar una línea roja que no debemos permitir. Por ello, llamamos a toda la sociedad a tomar en sus manos esta campaña.

Canarias, por una cultura de paz

Como miembros de la Coordinadora Canarias por la Paz, les invitamos a sumarse y difundir este manifiesto. Recibiremos adhesiones al manifiesto hasta el 28 de mayo en canarias@porunmundomasjusto.es. El 30 de Mayo y 1 de Junio haremos la presentación del mismo en un acto público.

 

 Las entidades abajo firmantes vemos con preocupación cómo nuestras aspiraciones por una cultura de paz chocan con la promoción de una llamada “cultura de defensa” militar.

 

 Nuestro archipiélago está siendo objeto de numerosas actividades que entendemos de remilitarización social, que incluyen a la infancia.

 

 Citamos como ejemplo las numerosas intervenciones de unidades militares en fiestas populares y en eventos deportivos, la organización de maniobras y exhibiciones militares en espacios públicos, las anacrónicas juras de bandera, desfiles y actos como la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, las exhibiciones aéreas con aviones de guerra, jornadas de puertas abiertas que incitan a las niñas y los niños a percibir las armas como juguetes, cuando estos son sus principales víctimas en las guerras.

 

 La realización de estas actividades implican la colaboración y la puesta a disposición de recursos públicos, en un contexto de restricciones a la vida cultural.

 

 Estas actividades de publicidad militar pretenden normalizar la presencia, la necesidad y legitimidad de los ejércitos, vendiéndolos como organizaciones benéficas esconden la misión militar de amenaza y ejercicio de la violencia del Estado en favor de los intereses de las minorías poderosas y justifican el crimen de la guerra y el armamentismo. Intentan contrarrestar el rechazo popular a las guerras de ocupación (Irak, Afganistán...) y la cooperación española con la OTAN en la guerra permanente contra los pueblos, allanan el camino al reclutamiento de jóvenes desde que son niñ@s y garantizan la continuidad del negocio armamentístico.

 

 En el ámbito educativo, cada vez se hace más difícil promover la educación para la paz y la noviolencia si colegios, institutos y universidades se encuentran abiertos a la publicidad militar. Las visitas escolares a instalaciones militares y la presencia de militares en las escuelas haciendo “orientación laboral” suponen una contradicción con los objetivos de la educación para la paz.

 

 Por todo ello instamos a desobedecer a la guerra desde nuestras posibilidades, desde aquí.

 

 Solicitamos a medios de comunicación, instituciones públicas, colegios, institutos, universidades y todo tipo de entidades a decir no a la cultura militar, a no prestar colaboración ni recursos con la preparación y la justificación de la guerra, y a boicotear el reclutamiento de nuestros jóvenes, para así poder realizar una verdadera educación para la paz que pasa por la crítica de las causas y de la ideología que hacen posible la guerra.

 

La guerra comienza aquí: ¡Parémosla aquí!

Islas Canarias, mayo de 2013.

 

La Ley Electoral debe cambiarse cuanto antes

 

La modificación de nuestro régimen electoral viene siendo una reivindicación constante de la sociedad. Nuestra legislación muestra deficiencias evidentes que suponen un límite para la plena participación de la ciudadanía en la vida política, y pone trabas al pluralismo político y a la necesaria proporcionalidad del sistema electoral. Lo hemos comprobado, y sufrido, una vez más, en las recientes elecciones de Cataluña, en las cuales no pudimos participar.

 

En los últimos tiempos hemos observado cómo se llevan a cabo diversas reformas que, contra lo que sería deseable, reducen la representatividad de las instituciones. Así, la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General realizada en 2011, que venía a exigir a los partidos sin representación parlamentaria la presentación de avales en las distintas provincias para poder concurrir a las elecciones a Cortes Generales o las nuevas medidas adoptadas recientemente para reducir el número de concejales en los Ayuntamientos.

 

M+J no se conforma con una democracia meramente representativa, sino que considera que es urgente establecer mecanismos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, y precisamente por eso, entendemos que es necesario llevar a cabo una reforma de la legislación electoral que garantice la proporcional representación de las sensibilidades de los ciudadanos en las instituciones, facilitando el acceso a la información sobre las distintas opciones políticas y permitiéndole un mayor poder de decisión en la designación de los cargos electos.

 

Medidas del M+J

1. Adopción de la circunscripción única para las elecciones, a fin de garantizar que el voto de todos los ciudadanos tiene el mismo valor.
2. Sustitución del sistema D'hondt por un sistema de distribución de escaños estrictamente proporcional.
3. Eliminación del porcentaje mínimo de votos para acceder al reparto de escaños.
4. Rechazo de la exigencia de presentar avales para concurrir a las elecciones por parte de los partidos extraparlamentarios.
5. Cómputo de los votos en blanco para la asignación de escaños, quedando en su caso vacíos los asientos que correspondan.
6. Supresión de las listas cerradas y bloqueadas. Las candidaturas serán individuales a efectos de votación y escrutinio aunque puedan agruparse en listas a efectos de presentación y campaña electoral.
7. Incorporación en la legislación electoral de la prohibición absoluta de incluir imputados, procesados y/o condenados en las listas electorales.
8. Eliminación de todo tipo de subvención pública destinada a la propaganda electoral.
9. Reparto igualitario de los espacios de propaganda electoral tanto en los medios de comunicación como en los espacios públicos.
10. Reducción drástica de las cantidades máximas que los partidos políticos pueden gastar en campaña y propaganda electoral.
11. Prohibición de buzoneo de papeletas y propaganda electoral, dado el gasto desmesurado que esto supone y su impacto ambiental.
12. Creación de un portal público electoral que ante la celebración de comicios recoja en condiciones de igualdad los datos aportados por las distintas candidaturas tales como el perfil de los candidatos, programa electoral, video promocional, enlace a su Web, datos de contacto, etc. a fin de permitir a los ciudadanos conocer con facilidad y en profundidad las distintas opciones políticas.