SOLIDARIDAD Y JUSTICIA GLOBAL

Desde Por un Mundo más Justo queremos hacer bandera de la necesidad de impulsar la Justicia Global y la Solidaridad, convencidos de que hemos de avanzar hacia la construcción de un modelo de desarrollo alternativo, capaz de incluir enfoques de largo plazo. Es desde este planteamiento donde se va a la raíz del problema, presionando a la comunidad internacional para establecer las reformas estructurales necesarias que, desde el respeto a los derechos humanos, permitan el desarrollo de las personas y los pueblos.

Desde esa fraternidad global, tan necesaria como posible de compartir y sentir si nos ponemos a ello, parte esta propuesta política y programática, conscientes de que sin tocar los problemas globales no cambiamos de forma sostenible lo local-nacional y caemos en una trampa del inmovilismo, la demagogia o el posibilismo no transformador.

 

Nos proponemos que valores como: sostenibilidad, reparto del empleo, bienes comunes, fraternismo, economía social, fiscalidad redistributiva, integralidad, solidaridad y justicia global… vayan ocupando el espacio que se merecen y haciendo más chiquitos a otros como: individualismo, neoliberalismo, guerras preventivas, competitividad, crecimiento, fronteras, miedo…

Con este objetivo enumeramos una serie de propuestas para que el Estado asuma un papel activo y responsable en la mejora de la gobernanza mundial para el cumplimiento real de los Derechos Humanos.

1. Promocionar la GOBERNANZA GLOBAL (instituciones y agenda global) y los DERECHOS HUMANOS desde nuestra política exterior.

2. Defender un avance internacional hacia una FISCALIDAD MÁS JUSTA que incluya la eliminación de los paraísos fiscales y la financiación del desarrollo sostenible y los servicios esenciales.

3. Reivindicar un sistema internacional de COMERCIO e INVERSIONES más justo, transparente y sostenible, cuyas reglas y principios respondan a objetivos comunes y no a los intereses particulares de unos pocos.

4. Contribuir internacionalmente a la SEGURIDAD COMPARTIDA y la CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ para lo cual resulta clave trabajar de manera simultánea en desarrollo y seguridad, fortalecer el control sobre el comercio español de armas y fomentar la mejora y utilización de los mecanismos existentes para resolver los conflictos internacionales por vías no violentas.

5. Una política de COOPERACIÓN INTERNACIONAL que garantice la COHERENCIA DE POLÍTICAS para el desarrollo sostenible y un incremento tanto en cantidad como en calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo española.

6. Una Política sobre MIGRACIÓN y ASILO que apuesta claramente por la construcción de una España más solidaria, fraterna, acogedora y que vele por el desarrollo integral de las personas, los pueblos y la humanidad.

7. Impulsar a nivel internacional mayores compromisos en cuanto a SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL para lo cual el Estado español debe asumir su cuota de responsabilidad tanto dentro de su territorio, recortando las emisiones de gases de efecto invernadero, como fuera de éste imponiendo condiciones más exigentes a sus empresas en el exterior.

  

 

Un compromiso por la Cultura de la Paz

 La reacción ciudadana ante el drama que está sufriendo  la población Siria debe ir más allá de la acogida a los refugiados que huyen del conflicto, debe servirnos para preguntarnos por sus causas y actuar sobre ellas. Lo que está pasando en Siria no es una novedad, ya otras poblaciones han vivido o están viviendo la violencia, pero no ocupan titulares en los periódicos. Es necesario que esta reacción de solidaridad dé lugar a políticas concretas, antes de que los medios dejen de contar la realidad de estas personas. Desde el partido Por Un Mundo + Justo exigimos medidas de urgencia que atiendan a las víctimas y exigimos medidas de fondo que actúen sobre las causas.

Acoger a los que piden asilo

El fracaso de la UE en la gestión de los cientos de miles de refugiados que acuden pidiendo asilo no es compatible con el Tratado de Lisboa donde se recoge que uno de los pilares fundamentales que debe regir la política exterior de la UE es el respeto de los derechos humanos. Es urgente un esfuerzo coordinado para atender  a la víctimas de esta crisis desde un enfoque de derechos y no de asistencialismo. El problema es de una gran magnitud pero de ninguna manera se trata de algo inabordable si realmente existiera un compromiso en recursos y medios. De forma inmediata requiere establecer un programa de reubicación y reforzar la red de acogida mediante un esfuerzo coordinado entre las administraciones, las organizaciones no gubernamentales y la participación de la sociedad civil, que tan decididamente ha salido a ofrecer su ayuda.

Reducir las muertes en el Mediterráneo

El aumento sobre el control y el cierre de fronteras no es una solución, no va a impedir que lleguen a Europa  aquellos que huyen de un sufrimiento intolerable y buscan asistencia y protección. Solo servirá para hacerles aún más vulnerables porque tendrán que utilizar rutas cada vez más arriesgadas y supondrá  dejarlos a merced de mercaderes y traficantes de personas. Si el objetivo es acabar con las mafias e impedir las muertes en el mediterráneo, hemos de proporcionar  una alternativa segura, legal y gratuita de entrada a los solicitantes de asilo que llegan a la UE o que ya están en ella.
 

No comerciar con la violencia

No podemos ignorar que España, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, es el séptimo exportador internacional de armas. Tal como señala el Informe "Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, otro material y tecnologías de doble uso en el año 2014", elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad,  España vendió material en 2014 por valor de 3.203,2 millones de €. Esto no sería posible sin la connivencia del gobierno español que ha permitido a la industria suministrar armamento a zonas en conflicto y a países que violan los Derechos Humanos. Entre ellos destacan los 292,9 millones de € a Arabia Saudí pero también hay países como Turquía (243,7 millones), Egipto (107 millones de euros) o  Indonesia (112 millones) sin olvidar la venta de armamento a Reino Unido y Francia que mantienen una intervención directa en países en conflicto como Siria, Libia, Mali, o la República Centroafricana.

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que exija que el Gobierno y el Parlamento español garanticen que las exportaciones respetan escrupulosamente las disposiciones del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) y presione para que cese el apoyo a la industria armamentística, porque sus beneficios están impidiendo el desarrollo de los pueblos y generando muerte y sufrimiento.

Presionar a nivel internacional

Una acción coordinada a nivel internacional podría acometer un Plan de Paz:  que exija a todas las partes la aplicación de un alto el fuego inmediato, que corte las fuentes de financiación o la posibilidad de que los actores armados puedan adquirir armamento y que permita la entrada de asistencia humanitaria a las zonas afectadas.

Trabajar en la construcción de paz

Pero si realmente queremos poner fin a la violencia hemos de replantear valores y prioridades. Tenemos la oportunidad de poner los medios para construir una paz verdadera a través de la educación y el desarrollo. Impedir el drama humano que genera la guerra, requiere de un compromiso decidido de todos por  la Construcción de paz y orientar nuestras acciones hacia la transformación de los conflictos violentos en relaciones más pacíficas y sostenibles, facilitando herramientas a la población para resistir a la violencia y apoyando a iniciativas civiles de paz.

Cada 21 de septiembre la ONU invita a celebrar el Día Internacional de la Paz dedicado a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo. Este año, con el lema «Colaboradores por la paz, dignidad para todos», quiere  resaltar la importancia de que todos hemos de trabajar juntos para lograr la paz.

Desde el partido Por Un Mundo + Justo pedimos  un compromiso firme de nuestros gobernantes por la promoción de la Cultura de la Paz. Apostemos por la resolución no violenta de los conflictos poniendo en valor el respeto, el diálogo, la cooperación, la confianza y la solidaridad en todos los ámbitos de nuestra vida, también en nuestras decisiones políticas.

Hagamos posible otra economía más justa

El modelo económico neoliberal ha dado lugar a una crisis social y de sostenibilidad del propio sistema de producción y consumo. Sus manifestaciones a nivel global suponen por un lado, el aumento del empobrecimiento y la exclusión, y por otro, la sobrexplotación de recursos no renovables, la degradación del medio ambiente y el cambio climático; con los importantes daños colaterales que todo esto genera.

Desde el Partido Por Un Mundo Más Justo (M+J) proponemos, que la búsqueda de una Prosperidad Compartida y una austeridad responsable en la utilización de los recursos naturales, sean la guía de un Estado Ciudadano y profundamente democrático. Un Estado Ciudadano generador de empleo digno y promotor del cooperativismo, que desarrolle un modelo económico basado en el bien común, en la economía social, solidaria y ecológica. Será posible si va de la mano de una participación activa y responsable a todos los niveles sociales, donde el valor de la fraternidad corte el cáncer de la hipercompetitividad y el individualismo.

La desigualdad social, la pobreza y la exclusión social no son circunstancias propias de los periodos de crisis económica, sino que subyacen en el propio modelo de sociedad que hemos desarrollado. Un modelo, además, ambientalmente depredador. Enfrentar la pobreza es por tanto enfrentar la desigualdad y sus causas; respetando el territorio que nos ha tocado gestionar.

Hoy celebramos el Día Mundial del Comercio Justo, un ejemplo de cómo podemos con nuestra forma de consumir, contribuir a transformar la economía y poner a las personas y sus necesidades en primer lugar.

Los criterios del Comercio Justo crean oportunidades a los productores más desfavorecidos, garantizan el respeto a los Derechos del Niño, la equidad de género, los derechos laborales y las relaciones participativas y transparentes y tiene en cuenta el bienestar social y el respeto por el medio ambiente.

 

Es necesario nuestro compromiso como consumidores y consumidoras, pero la pobreza tiene muchos rostros que exigen una coherencia de políticas, tengámoslo en cuenta el próximo 24 de mayo al emitir nuestro voto. Nuestros representantes públicos deben impulsar y promover unas reglas de comercio que hagan posible avanzar hacia una economía: social, solidaria, ecológica y más justa.

 

 

Los centros de la vergüenza

            El próximo 15 de junio (#15J) se celebra por segundo año consecutivo una campaña respaldada por diversas organizaciones sociales para pedir el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, los CIE. ¿Por qué?

            Se trata de hacer visible lo invisible. Diversos informes de organismos internacionales y varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronunciado con contundencia. Aun aceptando que los extranjeros que no disponen de permiso de residencia están cometiendo una irregularidad, esto no es más que una falta administrativa no es un delito. Por eso, es algo muy serio someterlos a la privación de libertad. La legislación europea y la española sólo justifican el internamiento como último recurso, como una medida excepcional y no como la primera respuesta ante la detención. Pero ya sabemos con cuanta facilidad hacemos de la excepción, la norma.

            En los CIE sólo hay pobres, o mejor dicho, personas criminalizadas por estar empobrecidas, que si de algo son culpables es de soñar con una vida mejor. Pero contrariamente a lo que podemos pensar, muchas personas son nuestros vecinos y vecinas que acaban en los CIE por carecer de residencia a pesar de llevar muchos años en España. Son personas muy arraigadas en nuestro país, incluso con hijos españoles, pero que cuentan con una orden previa de expulsión. Algunos no han llegado a regularizarse y otros no han podido renovar sus tarjetas de residencia, frecuentemente por haber perdido su empleo y en no pocos casos porque a pesar de haber estado trabajando muchos años, no pueden aportar un contrato de trabajo.

            Cuando el Estado priva de libertad a una persona se convierte en garante de sus derechos, en especial de su vida y de su salud. Sin embargo, a poco que se ahonde sobre las condiciones de vida en los CIE se observa que estos centros no cumplen unas mínimas condiciones de habitabilidad, que sufren un desmedido hacinamiento y que no disponen de una mínima atención sanitaria. Pero además a los internos se les incomunica, se les retira su teléfono móvil, no se les permite usar un ordenador para ponerse en contacto con sus familias o con su abogado y ni siquiera se les explica cuál es su situación legal.

            Los Centros de Internamiento para Extranjeros son una vergüenza, son cárceles que atentan contra el Estado de Derecho. Es necesario visibilizar esta realidad tan desconocida aún y deben ser cerrados de manera inmediata.http://15jdiacontraloscie.wordpress.com/

Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica

 

 

El 15 de enero de 2014 se presentó en el Congreso de los Diputados
la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica.

La exposición de motivos comienza haciéndose eco de lo que ha resonado en las calles de toda España: “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros” y termina con otra: "No hay pan para tanto chorizo"

La situación de crisis originada por las políticas capitalistas y neoliberales ha desencadenando una serie de acontecimientos que nos han conducido a una alarmante situación de desempleo y a la precarización de las condiciones laborales. Estas a su vez han sido la causa de numerosos desahucios motivados por la imposibilidad económica para hacer frente a los pagos de hipotecas o alquileres.

A todo esto se han ido sumando el conjunto de recortes en sanidad, educación, en servicios sociales, en ayudas a la dependencia, el copago sanitario o la privatización se servicios públicos, dando lugar al deterioro en la atención a la salud y la alimentación básica, al aumento de la pobreza infantil y de las enfermedades mentales... Todos estos elementos están abocando a miles de personas a la marginación y la exclusión social.

La Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Española o los Estatutos de Autonomía establecen una serie de derechos sociales básicos, mínimos, elementales, que deben ser garantizados por las administraciones públicas pero que en la realidad no son ejecutados con el argumento de la limitación presupuestaria, cuando de todos es conocido que no ha habido reparo en la financiación a la banca. No es dinero lo que falta, sino voluntad.

Las ayudas no contributivas, las correspondientes a rentas mínimas, la prestación por desempleo, o en Canarias la Prestación Canaria de Inserción, además de su insuficiencia presupuestaria, su burocratización y de la lentitud de su ejecución, no cubren esta situación de emergencia social generalizada dejando en evidencia la dejación de responsabilidad de las administraciones públicas en su responsabilidad.

La Renta Básica es un instrumento viable para alcanzar la erradicación de la pobreza, no es una limosna, ni una prestación asistencial, ni una ayuda graciable o arbitraria. Es un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, para garantizar una vida austera, digna, una herramienta para sacar del riesgo de exclusión a miles de personas y para combatir el miedo y reforzar la participación social.

Renta Básica ¡Ya!



http://ilprentabasica.org/

#RiquezaqueEmpobrece

De nuevo llega octubre y con él nuestra ya habitual mención a la Semana de movilización Contra la Pobreza que organiza la Coordinadora de ONGd con motivo de la celebración el 17 de octubre del

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Hasta hace unos años, en este día nuestras miradas se dirigían hacia otros países: Asia, África, Sudamérica centraban nuestra atención y exigíamos más ayuda de los gobiernos a la cooperación al desarrollo, la condonación de la deuda externa, unas reglas de comercio justas... había que ayudarles a salir del hambre y de la pobreza para que pudieran alcanzar nuestro estado de "desarrollo".

Ahora decir "pobreza" nos muestra rostros de nuestra propia casa, y nuestras demandas, aunque usen distintos términos, siguen diciendo lo mismo: más inversión en servicios básicos, que el dinero se destine a las necesidades de la sociedad y no a pagar el rescate de los bancos, una economía centrada en las personas y no en los beneficios...

Puede que urgidos por esta realidad tan cercana corramos la tentación de olvidarnos de que las causas que están detrás del empobrecimiento de aquellos y de estos son las mismas y todas pasan por la falta de voluntad política en atajarlas.

El argumento de que estamos en "crisis" y que todos hemos de apretarnos el cinturón choca con una realidad que ya era evidente y escandalosa, pero que ahora se ha agudizado aún más. En España la diferencia entre los extremos de la distribución de la renta, confirma la mejora relativa de los hogares más ricos y el drástico empeoramiento de los hogares más pobres.

Pero tal vez lo podemos ver más claro a nivel mundial donde las 300 mayores fortunas del mundo acumulan más riqueza que los 3.000 millones de pobres.

Es necesario un cambio en las prioridades políticas. Los gobiernos no pueden seguir haciendo caso al interés de unos pocos.

Nuestra voz ha de ser escuchada reivindicando el respeto a la dignidad de la persona, la garantía de los Derechos Humanos y la erradicación de la pobreza en el mundo.

 

POR LA JUSTICIA SOCIAL

Desde el partido Por un Mundo más Justo en Canarias nos sumamos al manifiesto elaborado por la Mesa Abierta por la Justicia Social.

 MANIFIESTO DE LA MESA ABIERTA POR LA JUSTICIA SOCIAL

Hoy en Canarias hay miles de personas, mas de 1 de cada 3 residentes, que no tienen recursos para alimentarse, para el pago de la luz, el agua, la vivienda, las medicinas, la educación... personas en condiciones precarias, deteriorándose y empeorando sus condiciones de vida, a las que tendrían que tener derecho.

 

El empobrecimiento no es natural, ni residual, no es culpa de la gente; es extensivo, intensivo, persistente, es cambiable, hay recursos para todos y todas, pero hay desigualdad en el reparto de la riqueza. Canarias ha retrocedido en desigualdad cuatro décadas, dańdose un 25% de aumento en la diferencia entre la riqueza de los mas ricos y la pobreza de las mas pobres. Actualmente hay un 38,2% de la población con tasa de riesgo y exclusión, que significa que 812.425 personas están Bajo el umbral de la pobreza, con Privación material severa y/o con todos los activos en paro. Hay 139.631 personas sin cobrar ningún tipo de prestación.

 

Mientras, se recortan las partidas de inversión publica en Servicios Sociales, en el Gobierno de España y en el de Canarias, teniendo nuestra comunidad el índice mas bajo de dedicación a la garantía de derechos sociales del conjunto del estado.

 

Desde la Mesa Abierta por la Justicia Social planteamos las siguientes alternativas con carácter de urgencia y prioridad:

 

GARANTÍA DE RENTAS BÁSICAS PARA TODAS LAS PERSONAS CON TASA DE RIESGO DE EXCLUSIÓN.

La prioridad es crecer en intensidad y extensión de cobertura protectora: Prestación mensual por encima del umbral de la pobreza y prioridad de atención a colectivos en situación de exclusión severa y moderada. Especialmente atención prioritaria e inmediata a: Colectivo de mujeres, personas sin hogar, migrantes, unidades de convivencia sin ingresos y con hijos/as a su cuidado, desempleadas de larga duración... Reducción del 38% de personas con Tasa de Riesgo de Exclusión al 10%, en un ano y reducción total en el siguiente.

 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

Priorizar los Servicios Sociales en todas las Administraciones de Canarias, a través de un pacto de mínimos de este Sistema Público, con un compromiso de financiación estable y suficiente.

Asegurando que cada Municipio de las islas ofrezca las Prestaciones Básicas, con dotación financiera suficiente e incremento y estabilidad en los equipos de trabajo.

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

Cumplimiento de la ley en todas sus dimensiones. Acabar con los plazos mas largos del Estado y el mayor número de personas en el limbo de la dependencia. Garantizar la tasa de reposición.

Acceso inmediato al derecho, prestación o servicio.

 

AUMENTO DE LAS PARTIDAS ECONÓMICAS PARA LOS SERVICIOS SOCIALES.

Priorizar la inversión social, dedicando mas del 15% del P.I.B. De Canarias para Servicios Sociales.

Implantar formulas de financiación objetivas, estables, justas y adaptadas a las características territoriales de Canarias. Por lo tanto, se debe garantizar la responsabilidad pública en las prestaciones sociales básicas a toda la ciudadanía en situación de necesidad, para lograr la universalización de los derechos sociales, además, al igual que otros sistemas de bienestar social, la financiación debe garantizarse por Ley.

Se tendrá presente en los presupuestos como prioridad la atención urgente a las necesidades básicas de la población, aumentando para ello las partidas de emergencia social, de manera inmediata.

GARANTÍA DE UN HOGAR DIGNO PARA TODAS LAS PERSONAS.

Atención urgente a las personas en situación de sin hogar y aquellas unidades de convivencia con dificultades en el acceso al derecho de la Vivienda.

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE LUCHA POR LA IGUALDAD Y EL REPARTO DE LA RIQUEZA.

Proceso participativo y de trabajo conjunto entre todos l@s agentes sociales y políticos de las islas. Un Plan con un renovado diagnostico, Objetivos, fases, responsables, metodologías, partidas presupuestarias...Buscar un pacto por unanimidad entre todos los agentes sociales y políticos, que supere los periodos electorales y cuente con una financiación estable y suficiente.

 

MESA ABIERTA POR LA JUSTICIA SOCIAL:

Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN-Canarias), Colegio Oficial de Las Palmas,

Red Canaria en Defensa del sistema público de Servicios Sociales(REDESSCAN), Stop Desahucios,

Red Feminista de G.C., ATACC, CC.OO., UGT, COBAS, Convergencia Sindical Canaria.

En Canarias a 22 de Julio de 2013