La modificación de nuestro régimen electoral
viene siendo una reivindicación constante de la sociedad. Nuestra legislación
muestra deficiencias evidentes que suponen un límite para la plena
participación de la ciudadanía en la vida política, y pone trabas al pluralismo
político y a la necesaria proporcionalidad del sistema electoral. Lo hemos
comprobado, y sufrido, una vez más, en las recientes elecciones de Cataluña, en
las cuales no pudimos participar.
En los últimos tiempos hemos observado cómo se llevan a
cabo diversas reformas que, contra lo que sería deseable, reducen la
representatividad de las instituciones. Así, la modificación de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General realizada en 2011, que venía a exigir a los partidos
sin representación parlamentaria la presentación de avales en las distintas
provincias para poder concurrir a las elecciones a Cortes Generales o las
nuevas medidas adoptadas recientemente para reducir el número de concejales en
los Ayuntamientos.
M+J no se conforma con una democracia meramente
representativa, sino que considera que es urgente establecer mecanismos de
participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, y precisamente
por eso, entendemos que es necesario llevar a cabo una reforma de la
legislación electoral que garantice la proporcional representación de las
sensibilidades de los ciudadanos en las instituciones, facilitando el acceso a
la información sobre las distintas opciones políticas y permitiéndole un mayor
poder de decisión en la designación de los cargos electos.
Medidas del M+J
1. Adopción de la circunscripción única para las elecciones,
a fin de garantizar que el voto de todos los ciudadanos tiene el mismo valor.
2. Sustitución del sistema D'hondt por un
sistema de distribución de escaños estrictamente proporcional.
3. Eliminación del porcentaje mínimo de votos
para acceder al reparto de escaños.
4. Rechazo de la exigencia de presentar avales
para concurrir a las elecciones por parte de los partidos extraparlamentarios.
5. Cómputo de los votos en blanco para la
asignación de escaños, quedando en su caso vacíos los asientos que
correspondan.
6. Supresión de las listas cerradas y
bloqueadas. Las candidaturas serán individuales a efectos de votación y
escrutinio aunque puedan agruparse en listas a efectos de presentación y
campaña electoral.
7. Incorporación en la legislación electoral
de la prohibición absoluta de incluir imputados, procesados y/o condenados en
las listas electorales.
8. Eliminación de todo tipo de subvención
pública destinada a la propaganda electoral.
9. Reparto igualitario de los espacios de
propaganda electoral tanto en los medios de comunicación como en los espacios
públicos.
10. Reducción drástica de las cantidades
máximas que los partidos políticos pueden gastar en campaña y propaganda
electoral.
11. Prohibición de buzoneo de papeletas y
propaganda electoral, dado el gasto desmesurado que esto supone y su impacto
ambiental.
12. Creación de un portal público electoral
que ante la celebración de comicios recoja en condiciones de igualdad los datos
aportados por las distintas candidaturas tales como el perfil de los
candidatos, programa electoral, video promocional, enlace a su Web, datos de
contacto, etc. a fin de permitir a los ciudadanos conocer con facilidad y en
profundidad las distintas opciones políticas.
