El próximo 15 de junio (#15J) se celebra por segundo año
consecutivo una campaña respaldada por diversas organizaciones sociales para
pedir el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, los CIE. ¿Por
qué?
Se trata de hacer visible lo invisible. Diversos informes
de organismos internacionales y varias sentencias del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronunciado con contundencia. Aun
aceptando que los extranjeros que no disponen de permiso de residencia están
cometiendo una irregularidad, esto no es más que una falta administrativa no es
un delito. Por eso, es algo muy serio someterlos a la privación de libertad. La
legislación europea y la española sólo justifican el internamiento como último
recurso, como una medida excepcional y no como la primera respuesta ante la
detención. Pero ya sabemos con cuanta facilidad hacemos de la excepción, la
norma.
En los CIE sólo hay pobres, o mejor dicho, personas
criminalizadas por estar empobrecidas, que si de algo son culpables es de soñar
con una vida mejor. Pero contrariamente a lo que podemos pensar, muchas
personas son nuestros vecinos y vecinas que acaban en los CIE por carecer de
residencia a pesar de llevar muchos años en España. Son personas muy arraigadas
en nuestro país, incluso con hijos españoles, pero que cuentan con una orden
previa de expulsión. Algunos no han llegado a regularizarse y otros no han
podido renovar sus tarjetas de residencia, frecuentemente por haber perdido su
empleo y en no pocos casos porque a pesar de haber estado trabajando muchos
años, no pueden aportar un contrato de trabajo.
Cuando el Estado priva de libertad a una persona se
convierte en garante de sus derechos, en especial de su vida y de su salud. Sin
embargo, a poco que se ahonde sobre las condiciones de vida en los CIE se
observa que estos centros no cumplen unas mínimas condiciones de habitabilidad,
que sufren un desmedido hacinamiento y que no disponen de una mínima atención
sanitaria. Pero además a los internos se les incomunica, se les retira su
teléfono móvil, no se les permite usar un ordenador para ponerse en contacto con
sus familias o con su abogado y ni siquiera se les explica cuál es su situación
legal.
Los Centros de Internamiento para Extranjeros son una
vergüenza, son cárceles que atentan contra el Estado de Derecho. Es necesario
visibilizar esta realidad tan desconocida aún y deben ser cerrados de manera
inmediata.http://15jdiacontraloscie.wordpress.com/
